NORMATIVIDAD – CBVF | Bomberos de Floridablanca
3-normatividad

FUNDAMENTOS JURÍDICOS C.B.V.F.

Es apropiado recalcar que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas fué elevado a la condición de servicio público esencial mediante la Ley 322 de 1996 –anterior Ley de Bomberos-. A partir de tal imperativo, la inobservancia o falta de aplicación por parte de los Municipios del País a través de sus representantes legales de aquellos procedimientos que afecten o no permitan la prestación de los servicios públicos esenciales a favor de sus Habitantes, configura la transgresión de las normas adelante transcritas, no incluyendo en ellas las del Código Penal Colombiano:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 29, inciso 2º, en donde se impone la obligatoriedad de aplicar las leyes preexistentes en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El principio de legalidad consiste en que la Administración está sujeta en el desarrollo de sus actividades, al ordenamiento jurídico, razón por la cual todos los actos y las decisiones que profiera, así como las actuaciones que realice, deben ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Ello se deriva, en el caso colombiano, de lo dispuesto en varios preceptos de la Carta Política, verbigracia en estos artículos: 1, que reconoce a Colombia como un Estado de Derecho; 3, que estatuye que la soberanía se ejerce en los términos que la Constitución establece; 6, que señala que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones; 121, en virtud del cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley; 122, de conformidad con el cual ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben; y 209, según el cual la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en donde las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

El inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política Colombiana señala que:

(…) El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo (…)

En cuanto a la posibilidad de contratar y recibir no propiamente auxilios sino beneficios cuantificables económicamente, del Estado hacia entidades privadas sin ánimo de lucro -como es el caso del C.B.V.F.- la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este tema, reiteradamente, en los siguientes términos:

(…) Según la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la prohibición de decretar auxilios o donaciones a personas naturales o jurídicas de derecho privado, sólo tiene las excepciones que la misma Constitución establece o que se derivan de sus normas. Todo subsidio estatal a usuarios de un servicio público o beneficiarios de una inversión pública, necesariamente posee un componente de transferencia de recursos del Estado a un particular, que deja de tener una inmediata contraprestación, total o parcial, a cargo de éste. A la luz del artículo 355 de la CP, puede afirmarse que los subsidios del Estado a los particulares, por regla general, se encuentran prohibidos. La excepción sólo es procedente si el subsidio, concedido por la ley, se basa en una norma o principio constitucional, y resulta imperioso para realizar una finalidad esencial del Estado. (…) Sentencia C-205/95.

(…) El Estado puede entonces transferir en forma gratuita el dominio de un bien estatal a un particular, siempre y cuando no se trate de una mera liberalidad del Estado sino del cumplimiento de deberes constitucionales expresos, entre los cuales está obviamente incluida la garantía de los derechos constitucionales.

En efecto, la prohibición de los auxilios (CP art. 355) debe ser armonizada con el mandato del artículo 146 ordinal 4º, según el cual las Cámaras no pueden decretar en favor de particulares erogaciones «que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a ley preexistente». Puede entonces concluirse que no están prohibidas, porque no son actos de mera liberalidad sino de justicia distributiva, aquellas transferencias que se efectúen con el propósito de satisfacer derechos preexistentes, como sucede con los derechos que consagra la propia Constitución, siempre y cuando esa cesión sea imperiosa para la satisfacción de ese derecho constitucional. (…) Sentencia C-251/96.

(…) La prohibición de otorgar auxilios admite, no sólo la excepción a que se refiere el segundo aparte del artículo 355 Superior, sino las que surgen de todos aquéllos supuestos que la misma Constitución autoriza, como desarrollo de los deberes y finalidades sociales del Estado con el fin de conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país. Estos criterios responden a la concepción del Estado Social de Derecho, el cual tiene como objetivo esencial “promover la prosperidad general, facilitar la participación, garantizar los principios y deberes consagrados a nivel constitucional, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo y proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades»; o como lo ha señalado en otra oportunidad la misma Corte, «El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad (…) Sentencia C-159/98.

Las anteriores jurisprudencias son retomadas por la Corte Constitucional en Sentencia C – 922 de 2000, lo cual dá origen a una línea jurisprudencial tendiente a dar alcance a la celebración de relaciones contractuales y entrega de dineros a particulares por parte del Estado en casos relacionados con el cumplimiento de sus fines esenciales.

Ley 1575 del 2012 – Ley vigente de Bomberos de Colombia

“Artículo 17. Definición. Las instituciones organizadas para la prevención, atención y control de incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades inherentes a su actividad y la atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominan Cuerpos de Bomberos”.

“Artículo 18. Clases. Los Cuerpos de Bomberos son Oficiales, Voluntarios y Aeronáuticos, así:

b) Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios: Son aquellos organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con personería jurídica expedida por las secretarías de gobierno departamentales, organizadas para la prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los términos del artículo segundo de la presente ley y con certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Nacional de Bomberos”.

“Artículo 20. Creación. Para la creación de un Cuerpo de Bomberos se requiere:

a) El cumplimiento de los estándares técnicos y operativos nacionales e internacionales determinados por la Dirección Nacional, de acuerdo con las recomendaciones de la Junta Nacional de Bomberos;

b) Concepto técnico previo, favorable de la Junta Departamental o Distrital respectiva”.

“Artículo 21. Inicio de operaciones. Un cuerpo de bomberos ya creado, solo podrá iniciar operaciones cuando sus unidades hayan certificado su idoneidad ante la junta departamental de bomberos.

El Gobierno Nacional reglamentará, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, los trámites y requisitos para la expedición de los certificados de cumplimiento, la carnetización y los seriales de las placas. En todo caso se respetarán los grados, la idoneidad bomberíl, las condecoraciones y distinciones que a la fecha tengan los miembros de los cuerpos de bomberos del país”.

“Artículo 38. Régimen Disciplinario. Los cuerpos de bomberos voluntarios estarán sometidos al régimen disciplinario establecido en el Decreto 953 de 1997 o la norma que lo modifique o sustituya. De igual manera a los estatutos, reglamentos y normas concordantes. Su nombre, emblemas, insignias, uniformes y demás elementos de identificación no podrán ser usados por ninguna otra persona, organización, vehículo o entidad”.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1575_2012.html

Ley 400 de 1997

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html

NORMAS

•NSR-10: Norma de diseño y construcción sismo resistente de Colombia

  • •Titulo J : Protección Contraincendio
  • •Titulo K: Requisitos Complementarios
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS
  • NTC 2885: Extintores
  • NTC 2301: Rociadores
  • NTC 1669: Gabinetes Contraincendio
  • NTC 1461: Señalización y Planos
REFERENCIAS INTERNACIONALES